GUARDIA NACIONAL, PERO CON COORDINACIÓN POLICIAL

Boletín de Prensa

10 de enero de 2019

  • El Plan Nacional para la Paz y Seguridad 2018-2024, incluyó la conformación de un organismo policial denominado Guardia Nacional.
  • Decimos sí a la Guardia Nacional, siempre y cuando su implementación se dé bajo el principio de subsidiariedad y no subordinación de los cuerpos de policías locales.
  • Hacemos un exhorto para que los Legisladores atiendan nuestros posicionamientos tanto en la discusión de la Iniciativa de Reforma Constitucional como también en la formulación de las Leyes Secundarias.

En el Plan Nacional para la Paz y Seguridad 2018-2024, presentado por el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, se incluyó la conformación de un organismo policial denominado Guardia Nacional.

Desde este anuncio, diversas organizaciones civiles y políticas tanto del ámbito nacional como internacional han manifestado sus posturas respecto a esta nueva institución, que de acuerdo con el Plan del Presidente estará encargada de prevenir el delito, preservar la seguridad pública y combatir la delincuencia en todo el país.

Los Alcaldes Humanistas participamos el día de ayer en las Audiencias Públicas sobre esta temática, en el Salón de Protocolo de la Cámara de Diputados; entre los Presidentes Municipales que estuvimos presentes tomaron la palabra: María Eugenia Campos Galván de Chihuahua; Renán Alberto Barrera Concha de Mérida; Zeferino Salgado Almaguer de San Nicolás de los Garza; Luis Bernardo Nava Guerrero de Querétaro; el Secretario de Seguridad de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor Amezcua y el Secretario Tecnico del Municipio de Reynosa, Hugo Ramirez Treviño. A la Audiencia acudimos quienes encabezamos a las Asociaciones Municipalistas del País además de Senadores de la Republica y Diputados Federales.

Nuestro objetivo fue presentar las determinaciones que hemos tomado referentes al fenómeno que se está abordando, con base en un diagnóstico que se ha venido realizando estos últimos años en torno a la seguridad pública en los municipios y en estricto apego a nuestra Carta Magna que en su artículo 21 determina la coordinación policial entre los tres órdenes de gobierno y la facultad de los Presidentes Municipales para mantener el orden público dentro de sus demarcaciones.

Dejamos claro que decimos sí a la Guardia Nacional, siempre y cuando su implementación se dé bajo el principio de subsidiariedad y no subordinación de los cuerpos de policías locales; respetando las atribuciones de los tres órdenes de gobierno en la materia; además, su conformación se dé por elementos civiles más no militares, en el entendido de que estos últimos están adiestrados para la defensa y el combate, no para resguardar el orden público y la seguridad ciudadana; creemos conveniente que su operación este enmarcada en estricto apego a los Derechos Humanos; definiendo claramente los tiempos de participación de las fuerzas.

Propugnamos por el establecimiento de indicadores claros en las evaluaciones que se pretenden hacer a los municipios; por la formulación de estrategias de apoyo para aquellos que no las aprueben y por la creación de diagnósticos, protocolos y reglas claras ante la posibilidad de intervenir o suprimir policías locales; solicitamos además que se garantice la integridad de los fondos del PEF destinados a cuestiones de seguridad para los gobiernos locales y que no se afecte el Ramo 28.

Como Presidente de la ANAC, hago un exhorto, a nombre de nuestros asociados para que los Legisladores atiendan las necesidades de los gobiernos locales en materia de seguridad, en el entendido de que las policías municipales son las más próximas a la ciudadanía, y les pedimos sean considerados nuestros posicionamientos tanto en la discusión de la Iniciativa de Reforma Constitucional como en la formulación de las Leyes Secundarias.

 

Lic. Enrique Vargas del Villar

Presidente de la ANAC y Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México.

Gratuidad en el registro y expedición de la primera copia del acta de nacimiento

 

 

La identidad de todas las personas, así como el reconocimiento a la personalidad jurídica propia (y al nombre respectivamente), es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en diversas disposiciones legales y consensos nacionales e internacionales. Entre ellas, se encuentran;

  • La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 4)
  • Ley General de Población
  • Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Art. 19)
  • La Convención Americana de Derechos Humanos (Arts. 3 y 18)
  • El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (numeral 24.2)
  • La Convención sobre los Derechos de los Niños (Arts. 7 y 8)
  • La Declaración de Derechos Humanos (numeral 15)
  • Objetivos de Desarrollo Sostenible (numeral 16.9)

 

Por lo anterior, México y sus demarcaciones territoriales están comprometidas a lograr la meta de cero subregistro de nacimientos y debe implementar las acciones necesarias para que toda y todo mexicano cuente con un Acta de Nacimiento.

En ese sentido, en términos normativos, el artículo 4 de la CPEUM, en su párrafo octavo, establece que las legislaturas de las Entidades Federativas deberán establecer en sus haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

En virtud de lo señalado, y con disposición en los artículos 121 y 130 de la Constitución, corresponde a las autoridades administrativas de las 32 entidades federativas la conducción de los actos y hechos del estado civil de las personas; por lo tanto, se deberá realizar de manera gratuita el registro y la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Sin embargo, todavía encontramos, especialmente a nivel municipal, cobros directos o indirectos asociados al registro de nacimiento, lo cual contradice al espíritu constitucional relativo a eliminar todas las barreras económicas que impiden garantizar y proteger el derecho a la identidad de las personas y, de manera particular, de las niñas, niños y adolescentes.

Por consiguiente, y con el objetivo de proteger el derecho a la identidad de todas y todos los mexicanos sin distinción alguna, el Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil acordó emitir el presente exhorto en el que se solicita que, a través de la Asociación Nacional de Alcaldes, se establezcan las medidas a que haya lugar, a fin de que no exista ningún tipo de cobro directo o indirecto asociado al registro de nacimiento y este último se realice de manera gratuita, junto con la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento en cada uno de los Municipios que integran esta Asociación.

Asimismo, solicitamos gentilmente se nos informe de las disposiciones normativas que garantizan la gratuidad del registro y expedición del acta de nacimiento en los Municipios que integran la Asociación Nacional de Alcaldes, y se nos auxilie en acordar con nuestros miembros, para exhortarlos a que realicen activamente las acciones jurídico-administrativas correspondientes para garantizar la gratuidad en los municipios del país que tengan a su cargo el registro del estado civil de las personas.

Lo expuesto, contribuye a garantizar un derecho fundamental, además de que permite al Estado Mexicano en su conjunto, planear y mejorar sus políticas públicas dando cabal cumplimento a la legislación nacional en la materia y a los compromisos internacionales que México ha suscrito para dicho fin.

Lic. Enrique Vargas del Villar
Presidente de la ANAC
Presidente Municipal de Huixquilucan

ALCALDES DE ANAC BUSCARAN REVERTIR EXCESOS DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS.

• La Ley vulnera la Autonomía Municipal pues impide a municipios regular adecuadamente usos de suelo.
• La Ley excluye a los ciudadanos de los planes de desarrollo urbano municipal.

Los Alcaldes de la Asociación Nacional de Ayuntamiento y Alcaldes (ANAC), en sesión del Comité Ejecutivo Nacional el pasado 16 de febrero de 2018 en Cozumel, Quintana Roo, tras analizar la Nueva Ley General de Asentamientos Humanos, acordamos realizar una estrategia jurídica nacional para revertir los excesos de la nueva Ley.

Dicha ley vulnera la autonomía municipal al impedir que los Municipios puedan regular adecuadamente las compatibilidades de usos y destinos del suelo; así como al impedir que los Municipios puedan dictar y ejecutar suspensiones y clausuras de obras de construcción y establecimientos que carezcan de los permisos municipales correspondientes.

Soslaya también que cada Municipio tiene una realidad social, política, económica y cultural distinta, por lo que son las autoridades Municipales, por disposición constitucional, las más indicadas para regular la utilización de su territorio conforme a sus condiciones particulares y los deseos de su población.

A su vez, la nueva ley excluye a los ciudadanos de los procesos de modificación y vigilancia del cumplimiento de los planes de desarrollo urbano municipal. Y produce un estado de vulnerabilidad jurídica y política en detrimento de los fines del Gobierno Municipal, que consiste en acercar la toma de decisiones de los gobiernos municipales a sus ciudadanos.

Por lo anterior los alcaldes de la ANAC realizaremos una estrategia jurídica a nivel nacional para defender la autonomía municipal y la participación ciudadana, revirtiendo los excesos de la nueva Ley.

Lic. Enrique Vargas del Villar,
Presidente de la ANAC y Alcalde de Huixquilucan, Estado de México